En la actualidad
Aunque el tema principal hasta ahora haya sido la historia y la evolución de la traducción a nivel internacional, creo que también importante dedicarle una entrada a la situación actual de esta profesión a nivel nacional.
Para empezar, considero que es importante decir que ahora mismo hay un mayor reconocimiento de esta profesión, por lo menos a nivel de la traducción literaria. Sin embargo, esto no se refleja en absoluto en las condiciones laborales de los traductores que se dedican profesionalmente a esto. En el último Libro Blanco que publicó la Asociación Colegial de Escritores de España (ACE) se recoge que únicamente un 9% de los traductores puede vivir de su trabajo en nuestro país, que el salario medio profesional no llega a los 9000€ y que existe un barrera para los más jóvenes, ya que cuatro de cada diez traductores tienen más de 56 años, a pesar de que según Fernando Benzo, Secretario de Estado de Cultura, en España contemos con una excelente generación de traductores. ¿De qué sirve ser excelente si no puedes vivir de lo que haces, señor Benzo?
Pero volviendo al tema que nos ocupa, Carlos Fortea, presidente de la ACE, indica que esta situación tan precaria no tiene mucho que ver con la crisis, sino con el boom de las ediciones digitales, que han empeorado la situación, haciendo que las remuneraciones injustas y las tarifas innegociables sean lo común en el mercado laboral de este sector. Esta situación en cifras significa que un 60% de los trabajadores cobra menos de un 2% de derechos digitales y un 21% recibe lo mismo que en papel, un 1%, muy por debajo de lo que se lleva un autor para este formato de libro.
Si nos acercamos a la traducción jurídica, uno de los sectores en alza actualmente, la situación no pinta mucho mejor. En esta caso el principal problema son las macroempresas que proporcionan servicios de intérpretes a las comisarías españolas. Se trata en muchos casos de personal con una cualificación dudosa, lo que supone un claro ejemplo de intrusismo laboral. Además, los sueldos que se reciben son míseros teniendo en cuenta que estas empresas pueden recibir hasta cincuenta euros por hora de la administración de justicia, mientras que el intérprete o supuesto intérprete únicamente recibe ocho euros.
En 2015, con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, colectivos profesionales y académicos de traductores e intérpretes pidieron que este tipo de contrataciones cesaran. El presidente de la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados (APTIJ), Juan Miguel Ortega, afirmó entonces que era necesario reformar esa ley porque "No se podrá impartir justicia con garantía alguna si son personas no cualificadas las que realizan este trabajo".
Después de ver el panorama y su situación nada halagüeña, parece que no va a haber nada que hacer para los que nos incorporaremos al mercado laboral en unos años. Sin embargo, considero que es importante ser optimista, así que quizá tengamos que ser las nuevas generaciones quienes le demos el giro que necesita a este sector en concreto.
Fuentes: Blog sobre traducción jurídica
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